La UE sancionará a Airbnb si no estandariza su política de precios

La Unión Europea  exigió a Airbnb una mayor claridad en la presentación de tarifas y una diferenciación entre anfitriones privados y profesionales y lo alertó que podrá resultar sancionado si no adapta sus políticas de precio a los estándares legales antes de que finalice el mes de agosto.

"La popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con las normas de los consumidores de la UE", dijo Vera Jourova, la comisaria europea de justicia para los consumidores.

La comisionada mencionó en una conferencia de prensa en Brusela que los términos y condiciones de Airbnb no estaban claros.

"Los consumidores deben entender fácilmente qué adquieren y cuánto se espera que paguen por los servicios y deben tener reglas justas, por ejemplo, frente a la cancelación de las reservas de alojamiento por parte del propietario", señaló.

Según Jourova, los precios mostrados a quienes usan el sitio web de Airbnb no reflejan las tarifas y los cargos que luego se transfieren al consumidor, como ocurre en el caso de los costos de limpieza.

Por otra parte, la identificación entre anfitriones privados o profesionales es importante porque "el nivel de derechos del consumidor difiere según el estado del propietario, al igual que los requisitos de salud y seguridad".

La comisaria también dijo que la compañía debería poner fin a su política de tratar de abordar las denuncias legales presentadas por sus clientes en los tribunales fuera del país donde reside el demandante.

Airbnb tendrá que cambiar o eliminar algunos términos de sus políticas como que la compañía con sede en San Francisco, EE. UU., ya no puede "decidir unilateralmente y sin justificación" qué términos siguen vigentes después de que se finaliza un contrato.

Tampoco podrá "privar a los consumidores de sus derechos legales básicos para demandar a un anfitrión" si sufren daños personales.

No obstante, el brazo de protección al consumidor de la UE carece de algunas facultades que otras comisiones europeas si poseen como el departamento antimonopolio dirigido por Margrethe Vestager. Por ello, Jourová no puede imponer sanciones directas.

Por su parte, Airbnb, que ha convencido a millones de personas para compartir alojamiento en casas a un menor costo y ha puesto en aprietos a la industria hotelera, manifestó que acatará el llamado de la comisaria.

"Los huespedes deben conocer todas las tarifas, incluidos los cargos por servicio e impuestos, antes de confirmar su decisión de reservar una propiedad y trabajaremos junto con las autoridades para aclarar los puntos planteados", dijo la empresa en un comunicado.

Airbnb ha enfrentado criticas, incluso por parte de algunos propietarios, y ha sido acusado de "operar como un hotel ilegal". Críticos también han dicho que los abundantes alquileres a corto plazo aumentan los costos de las viviendas e interrumpen la vida en barrios residenciales.

Según Jourová, la comisión recibió unas 6.000 quejas sobre dichos servicios de alojamiento el año pasado. Sin embargo, la comisaria considera que la cifra y la problemática puede ser mayor.