Estados Unidos: Reacción ante ley anti-inmigrante afecta turismo en Arizona

Estados Unidos. Desde que la gobernadora Jan Brewer aprobó hace una semana la ley SB1070 (anti-inmigrante), la Asociación de Turismo del estado comenzó a reportar pérdidas: al menos seis convenciones nacionales fueron canceladas (incluida una de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración), hay menos afluencia de visitantes en los hoteles y San Francisco y Los Ángeles promueven un boicot, mientras otras ciudades y territorios planean medidas similares.

La portavoz de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, Jenny Levy, dijo a Notimex que “decidieron boicotear la convención en Arizona, porque ese estado aprobó la peor ley antiinmigrantes en más de una década”.

La Asociación de Hoteles y Hospedajes de Arizona confirmó por su parte que experimenta pérdidas como consecuencia de la ley estatal antiinmigrante. “Nosotros no fuimos parte de la firma de la ley, pero estamos sufriendo las consecuencias”, dijo la presidenta de la agrupación, Debbie Johnson, quien dijo que cualquier golpe al sector turístico de Arizona significa que al menos 200.000 empleaos están en riesgo.

Agregó que los hoteleros de la entidad están muy preocupados porque la firma de la ley SB1070 está “pasando de un asunto de migración a uno de turismo”.

La Asociación de Hoteles y Hospedajes de Arizona confirmó por su parte que experimenta pérdidas como consecuencia de la ley estatal antiinmigrante, y de hecho los hoteles lucen vacíos.

Entretanto, el cabildo de gobierno de Los Ángeles dijo que analiza la posibilidad de boicotear a Arizona, y desde la mañana del miércoles los funcionarios y empleados públicos de San Francisco establecieron una suspensión a todo asunto con Arizona, excepto los de salud y policíacos.

Además los gobiernos locales de la ciudad y del condado de San Francisco y de la ciudad de Los Ángeles instaron a sus residentes a no consumir productos ni servicios de empresas con sede en Arizona.

El alcalde de San Francisco, Gavin Nuesom, y el cabildo de Gobierno, instaron a los residentes a no visitar Arizona ni a adquirir productos o servicios de empresas radicadas en la Entidad famosa por su desierto.

“Un boicot económico no solamente afecta al Estado, sino a los negocios y pequeños comerciantes, muchos de ellos también de origen latino”, dijo a la prensa James García, director de comunicación de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.

A lo largo de la semana, México emitió una alerta de viaje para Arizona y el estado mexicano de Sonora canceló su participación en la convención que celebra desde hace 50 años con Arizona, en junio.

Como promedio, 24.4 millones de mexicanos cruza anualmente por vía terrestre o aérea hacia el Estado, según un estudio de la Universidad de Arizona y de la Oficina de Turismo Estatal. Esos visitantes generan 2.700 millones de dólares a la economía local, siendo las más beneficiadas las ciudades cercanas a la frontera, como Tucson, donde el visitante mexicano contribuye con 968 millones de dólares anuales.

Se calcula que en Arizona residen cerca de 460.000 indocumentados, la mayoría de ellos de origen mexicano. Según la nueva ley, los policías del estado de Arizona tienen derecho a detener a cualquier persona que por su aspecto físico parezca un inmigrante ilegal. La normativa establece que la inmigración ilegal es un delito estatal y quien no pueda presentar sus documentos podría ser condenado a 6 meses de prisión.

Los críticos de la medida afirman que es inconstitucional y podría provocar discriminación racial, en particular contra la población latina que reside en EE. UU. En cambio, los partidarios de la ley la ven necesaria para detener el crimen en el estado, que es uno de los puntos clave para el tráfico de inmigrantes y de drogas.

La medida fue condenada por varios gobiernos latinoamericanos y también por la Organización de Estados Americanos. El propio presidente estadounidense, Barack Obama, criticó la medida, argumentando que fue "mal concebida" y "no representa la manera correcta" de resolver el problema de la inmigración ilegal.

Por su parte, el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, declaró que no excluye la posibilidad de impugnar la legalidad de la nueva ley de inmigración aprobada recientemente en Arizona. El funcionario explicó que el Ministerio de Justicia examinará detenidamente el documento y agregó que le preocupa la probabilidad de abusos de la ley y que el Ministerio podría cuestionar su legalidad.