Hawái gana batalla legal: Impuesto ambiental a cruceros entrará en vigor en 2026
Un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos ha emitido un fallo histórico a favor del estado de Hawái, permitiendo la implementación de una nueva tasa turística dirigida específicamente a los pasajeros de cruceros. La medida, conocida como la "tarifa verde", busca que la industria de los viajes marítimos contribuya directamente a la lucha contra el cambio climático. El dictamen surge tras una demanda interpuesta por la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que alegaba que este cobro representaba una violación flagrante de la Constitución estadounidense.
A pesar de la desestimación de la demanda, el tribunal reconoció que los derechos federales en esta área han sido "raramente litigados", dejando abierta la posibilidad de futuras impugnaciones legales. No obstante, al denegarse el mandato judicial solicitado por la industria para frenar la medida, el impuesto se aplicará formalmente a partir del 1 de enero de 2026. Hawái se convierte así en un precursor en la aplicación de gravámenes ambientales directos sobre el tráfico de cruceros en aguas territoriales de EE. UU.
El nuevo esquema fiscal incrementa al 11% el impuesto que ya pagan los huéspedes de hoteles y alquileres a corto plazo. La gran novedad radica en que, por primera vez, se cobrará a los cruceristas por cada día que el buque permanezca en aguas hawaianas. Además, la normativa otorga libertad a los gobiernos locales para añadir un recargo adicional del 3% si lo consideran necesario, lo que podría elevar significativamente el costo de las escalas en los puertos del archipiélago.
El impacto económico de esta decisión es considerable, ya que el estado estima recaudar aproximadamente 100 millones de dólares anuales. Estos fondos se destinarán íntegramente a proyectos de conservación y mitigación de los efectos del calentamiento global, un tema crítico para Hawái debido a su vulnerabilidad geográfica. La administración estatal defiende que este impuesto ambiental es necesario para equilibrar el desgaste que el turismo masivo genera en los ecosistemas frágiles de las islas.
La reacción de la industria no se ha hecho esperar. La CLIA ya ha presentado una notificación de apelación, argumentando que el impuesto discrimina injustamente a un sector específico del transporte. Los representantes del gremio sostienen que las líneas de cruceros ya realizan inversiones millonarias en tecnología limpia y que este cargo adicional podría desincentivar las llegadas a las islas, afectando la economía local que depende del flujo constante de visitantes internacionales.
Este caso judicial está siendo monitoreado de cerca por otros destinos turísticos en el mundo que enfrentan desafíos climáticos similares. El fallo establece un precedente sobre la autoridad de los estados para imponer cargos vinculados a la sostenibilidad en sectores que tradicionalmente han gozado de ciertas exenciones en el transporte interestatal. La resolución final de la apelación determinará si este modelo de financiación verde puede replicarse en otras costas de la unión americana.
Mientras la batalla legal continúa en instancias superiores, los operadores de cruceros deberán ajustar sus sistemas de facturación para cumplir con la ley en menos de una semana. Para los viajeros, esto se traducirá en un ligero incremento en el costo final de sus vacaciones, consolidando una tendencia global donde el turismo de cruceros debe pagar un precio más alto por su huella ecológica en destinos paradisíacos.