Andalucía rechaza la implementación de una tasa turística a pesar de las peticiones de cinco ciudades
El gobierno regional de Andalucía ha descartado introducir una tasa turística o permitir que los municipios la impongan de forma independiente, a pesar de la insistencia de Sevilla y otras cuatro capitales
El gobierno regional de Andalucía ha reafirmado su negativa a implantar una tasa turística o a otorgar a los ayuntamientos la potestad de aplicarla de manera autónoma, desatendiendo las renovadas demandas impulsadas por varias de las ciudades con mayor afluencia de la región.
El debate ha regresado a la agenda política después de que José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, reiterara la necesidad de contar con un mecanismo extraordinario de financiación para afrontar los costes derivados de los casi cuatro millones de visitantes que recibe anualmente.
La reivindicación de un marco regulatorio que permita decidir a los ayuntamientos sobre la conveniencia del gravamen cuenta con el respaldo de Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada. Sin embargo, esta postura no es unánime en las ocho capitales provinciales, ya que Almería, Jaén y Huelva no apoyan la medida debido a diferencias en la presión turística y en sus prioridades de desarrollo.
Por su parte, Manuel Gavira, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero competente en materia de turismo, ha rechazado la propuesta al calificarla como una respuesta inadecuada para la financiación local y advertir sobre su posible impacto negativo en el turismo nacional. Desde el Ejecutivo autonómico se defiende que la solución a los costes adicionales que soportan los municipios turísticos debe abordarse mediante una revisión global del sistema de financiación de los gobiernos locales de España, y no a través de nuevos impuestos.
La controversia resurge tras un año histórico para el sector en 2025, ejercicio en el que Andalucía alcanzó su máximo volumen turístico con la llegada de 37,9 millones de visitantes —un incremento interanual del 5,2%— y unos ingresos que rozaron los 27.000 millones de euros. El impacto económico total del sector superó los 30.000 millones de euros, representando aproximadamente el 13% del PIB regional y generando un empleo medio de unas 482.000 personas.
Mientras que las asociaciones hoteleras han mostrado su oposición por el temor a perder competitividad frente a otros destinos, diversos estudios como el de la Universidad de Jaén señalan que el 75% de los turistas estaría dispuesto a realizar una aportación adicional si los fondos se destinan a mejoras ambientales y de la experiencia de viaje. No obstante, al igual que ocurre en otros destinos españoles que ya aplican tasas como Cataluña o las Islas Baleares, los municipios andaluces carecen actualmente de la cobertura legal autonómica necesaria para establecer el tributo de forma independiente.