Argentina: Comisión parlamentaria recomienda expropiación de Aerolíneas
Argentina. Una comisión del Parlamento de este país recomendó finalmente al plenario del Legislativo avanzar en la expropiación de Aerolíneas Argentinas, lo que provocó la reacción inmediata del Grupo Marsans, pidiendo la intervención del Gobierno español en el proceso, y argumentando que "no se han cumplido los acuerdos firmados".
Esta decisión venía caminando desde el fin de semana, cuando Julio De Vido, titular de Planificación del gobierno argentino, advirtió que no habría un tercer valuador, y que el Congreso tendría la última palabra sobre una situación que lleva meses de distensión, sin acabar de solucionar el problema actual de dos compañías que se desangran por día.
La Comisión Bicameral tasó a las empresas al precio simbólico de un peso (unos 29 céntimos), gesto que a Marsans le ha parecido burlón, pero que lleva un mensaje implícito: la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España) le entregó Aerolíneas Argentinas en el año 2002 a Marsans por un dólar, y lejos de obtener beneficios, la compañía tiene hoy un patrimonio negativo de casi 900 millones de dólares, según el Tribunal de Tasaciones de Argentina.
La abismal diferencia entre esta tasación oficial, y la presentada por Credit Suisse, en representación de Marsans, que suponía un valor de entre 330 y 546 millones de dólares por ambas compañías, llevó a otro encontronazo entre ambas partes, y finalmente a la decisión de Argentina de elevar el proyecto de expropiación al Congreso.
En este marco, Marsans también apuesta por convertir el proceso en un asunto de Estado. "España tiene que ver este problema como una luz roja y no amarilla, porque se están violando normas básicas de acuerdos firmados", insistió Jorge Molina, subgerente general de Aerolíneas Argentinas, a un grupo de corresponsales españoles.
El ejecutivo de la compañía se refiere con ese argumento al pre acuerdo de compraventa suscrito el pasado mes de julio, en el que Marsans y el gobierno argentino se comprometían a presentar sus respectivas tasaciones, y de no coincidir éstas, recurrir a una tercera de mutuo acuerdo. Pero la realidad es que no habrá tasador que sea capaz de ni siquiera acercar dos resultados tan dispares, presentados tras las auditorias de ambas partes.
Una empresa alimentada con fondos públicos
A todo lo divulgado en días pasados, referido a la forma en que Marsans se adjudicó la propiedad sobre Aerolíneas Argentinas y Austral, en un proceso de fraude y estafas con aportaciones incluso del erario público, cuyo destino final es objeto de investigación en estos días en un juzgado de instrucción de Madrid, ahora se suman nuevos elementos. Así lo hace saber el periódico Expansión en un artículo publicado ayer.
"Desde aquella privatización de Aerolíneas Argentinas en octubre de 2001, los contribuyentes españoles han desembolsado 803 millones de dólares (640 millones de euros o, lo que es lo mismo, más de 15 euros per cápita), para cubrir la sangría que ha significado la gestión de ambas compañías. Este dinero fue destinado por la Sepi a resguardar una serie de pasivos que adeudaba la empresa, y sostener un plan industrial que no pudo, o no supo desarrollar el grupo Marsans, cuyo único gran objetivo conocido fue sacar a bolsa una aerolínea sumida en una crónica situación concursal".
Muchos opinan desde España que en la ineficiencia de Marsans para devolver la rentabilidad a ambas compañías también tuvo mucho que ver el boicoteo constante realizado por parte de los sindicatos y las propias instancias políticas en Argentina.
Sin embargo, son demasiados contundentes los hechos del patrimonio negativo de casi 900 millones de dólares que hoy tienen ambas empresas, la realidad de una flota aérea obsoleta y en muchos casos inactiva; sus anémicas operaciones, con jornadas de retrasos y cancelaciones repetidas hasta el aburrimiento; y las huelgas y paros de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral porque durante meses les debieron sus salarios.