EE.UU. endurece su política migratoria contra el "turismo de nacimiento"
El gobierno de los Estados Unidos ha implementado una nueva política de restricciones de visado dirigida específicamente a combatir las redes comerciales de intermediarios, organizadores y proveedores médicos que facilitan el denominado turismo de nacimiento.
Anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, la medida entró en vigor de forma inmediata bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, reforzando el control sobre aquellas prácticas destinadas a obtener la ciudadanía estadounidense para recién nacidos mediante estancias temporales concertadas.
Las nuevas sanciones no establecen una prohibición generalizada para las viajeras embarazadas, sino que centran su objetivo punitivo en los operadores de agencias, los conocidos como gestores de visados que asesoran en procesos fraudulentos y los profesionales de la salud extranjeros implicados en estas prácticas.
Según las autoridades federales, estas redes comerciales suelen cobrar decenas de miles de dólares por coordinar desplazamientos y coaccionar los canales consulares, utilizando en ocasiones de manera ilícita el sistema público de salud estadounidense.
Esta iniciativa forma parte de una revisión más amplia de los procedimientos de filtrado migratorio que está llevando a cabo la administración norteamericana, la cual incluye un mayor análisis de la presencia digital en categorías adicionales de visados de no inmigrante. El Departamento de Estado busca así erradicar el fraude documental y desincentivar el uso de arreglos engañosos para burlar los controles fronterizos.
Para el sector turístico y los intermediarios de viajes, la nueva normativa exige una vigilancia extrema en la comercialización de servicios médicos internacionales. Aunque la ley preserva la legalidad de los viajes legítimos, el cerco a las estructuras de facilitación comercial marca un punto de inflexión en la política de visados de visitante (B1/B2), elevando las exigencias de transparencia ante un endurecimiento general de los controles gubernamentales.