España: Juez acusa a tres técnicos de Spanair de homicidio imprudente por accidente aéreo en Barajas

España. Casi dos meses después del accidente de un avión de Spanair que causó la muerte a 154 personas en el aeropuerto de Madrid, tres técnicos de la compañía fueron acusados de "homicidio imprudente" por el juez responsable de la investigación, Juan Javier Pérez.
Los dos técnicos y el jefe de mantenimiento de la aerolínea española en Madrid serán sometidos a un interrogatorio el 12 de noviembre, y a lo largo de las investigaciones se decidirá si se procede a una acusación formal.

Según el juez, hay indicios de que el avión siniestrado el 20 de agosto en el aeropuerto de Barajas, Madrid, no fue sometido a las labores de mantenimiento correctas, afirma un despacho de la agencia DPA.

El siniestro ocurrió en la maniobra de despegue, cuando el avión no pudo alzar vuelo y se precipitó a tierra. Sin embargo, el MD-82 que se estrelló no había podido despegar en un primer intento debido a un error en la sonda de la temperatura del avión.

Aunque los técnicos desactivaron la sonda, no vieron que la alarma de la cabina de mando no funcionaba, la cual debería haber advertido a la tripulación de una inadecuada configuración de los 'flaps' (alerones de aterrizaje) y 'slats' (piezas extensibles en las alas).

Es posible que ambos defectos estuvieran relacionados, ya que los dos sistemas comparten el mismo relé. El error podría ser una consecuencia o manifestación de un "fallo multifuncional", señala el auto del juez.

El informe preliminar sobre el siniestro aéreo del pasado 20 de agosto en Madrid señaló que el avión se estrelló porque despegó sin los alerones desplegados, circunstancia que no advirtieron los pilotos porque no sonó la alarma correspondiente.

No obstante, el propio juez ordenó conformar una comisión de investigación independiente, con especialistas calificados, que serán nombrados por el propio tribunal.

Spanair, quien anunció en un comunicado oficial que respaldaba a sus técnicos, saludó la decisión de formar una comisión independiente de investigación.

Ayer también se supo que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que ejerce como acusación popular en la investigación judicial del accidente del avión de Spanair, solicitó al juez Juan Javier Pérez que la compañía aérea deposite una fianza de 154 millones de euros como medida cautelar en concepto de responsabilidad civil.

En declaraciones a la agencia Europa Press, el abogado Javier Gallego de OID, consideró que el juez ha dado "un giro radical" al procedimiento, puesto que ello demuestra que "no se ha dejado influir por nadie".

Igualmente el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), anunció que arribó a un acuerdo con Spanair sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), documento que se discutiría el mismo día del accidente del pasado 20 de agosto.

La propuesta de Spanair de recortar servicios ante la crisis que afronta el sector a nivel mundial y específicamente la compañía, supondrá el despido tripulantes, técnicos y pilotos, así como el cierre de las seis bases que la compañía tiene en Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Tenerife, Palma de Mallorca, Málaga y Bilbao.

El ERE contempla el traslado de 150 auxiliares de vuelo, 130 pilotos y 50 de mantenimiento que trabajan en la base de Palma, mientras que, por otra parte, prevé el despido de los 250 trabajadores de los Servicios Generales.
Entre tanto, ayer las autoridades sanitarias informaron que tres de los cinco heridos que permanecían hospitalizados en Madrid como consecuencia del accidente aéreo recibieron el alta médica.