España debate a profundidad cómo hacer un turismo más accesible para los discapacitados
España. "Un turismo accesible es sinónimo de mayor calidad y sostenibilidad para el sector". Esa es la principal conclusión obtenida en el II Congreso Internacional de Turismo para todos, ENAT, que se celebró la pasada semana en Marina D’or, en Castellón.
Otras ideas básicas que se reclamaron fueron una mayor formación en materia de accesibilidad, una normativa unificada, más implicación de la administración para promover la accesibilidad turística o una mayor integración laboral de las personas con discapacidad dentro del sector turístico.
Durante toda la jornada de clausura se expusieron diferentes conclusiones obtenidas a partir de las más de 50 ponencias distribuidas en seis talleres, tres mesas redondas y cuatro grupos de interés que tuvieron lugar durante los tres días de celebración del congreso.
Así, se destacó que falta mayor formación para mejorar el diseño para todos, para lo cual, según señaló la consejera delegada de Fundosa Accesibilidad, Mª José Sánchez, “necesitamos hacer rampas figuradas en las mentes de los diseñadores”.
También se señaló que en la actualidad existe demasiada, heterogénea y una dispersa legislación en materia de accesibilidad en el turismo. En este sentido se reclamó la unificación de las normas y la elaboración de una única norma europea en materia de accesibilidad
Respecto a la administración se comentó que ésta debe implicarse aún más en la promoción de la accesibilidad, contando con las propias asociaciones de personas con discapacidad. Para ello se propone la creación de gabinetes especializados con asesoramiento de calidad, normativas, y que puedan dar soporte a otras áreas de la propia administración.
Así, también se comentó que falta un régimen sancionador sólido, que tenga en cuenta el empresario o toda persona que no se tome en serio la normativa. La administración pública, como cliente, debe exigir la accesibilidad, se concluyó.
A nivel empresarial se constató que el sector privado no observa el turismo accesible como un nicho de mercado, si bien quedó claro que la accesibilidad beneficia al empresario porque genera buena cuota de mercado, teniendo en cuenta las personas con movilidad reducida realizan cualquier tipo de turismo y suelen estar acompañadas de sus familias.
En este sentido se reclamó la falta de ofertas completas de turismo ya que en muchos casos un hotel accesible no dispone de un entorno accesible (playas, ocio, cultura, etc). Las personas con discapacidad esperan los mismos servicios que cualquier turista, pero los destinos e instalaciones no cumplen con los requisitos básicos de accesibilidad.
También se solicitó al sector turístico que integre laboralmente a las personas con discapacidad y que no se realice ningún avance en materia de accesibilidad sin contar con este colectivo, para lo cual se perseguirá sensibilizar a los responsables políticos y a todos el sector turístico.
Durante los tres días de congreso participaron más de 200 personas con representantes de Italia, Australia, Alemania, Eslovaquia, Inglaterra, Grecia, USA, Suecia, Argentina, Brasil, Turquía, Noruega, Malta, Holanda, Portugal, República Checa, Albania, Serbia y España.
Red Europea para el Turismo Accesible (ENAT)
Bajo el lema: "Turismo accesible: imprescindible para muchos, bueno para todos" y para responder a esta demanda, nació en mayo del 2006 la Red Europea para el Turismo Accesible (ENAT). En España es la Fundación ONCE quien participa transversalmente en todas las actividades que realiza esta red. Entre los proyectos de ENAT, además de la organización de este Congreso, se encuentra la elaboración del estudio “Abordando los derechos de los turistas con discapacidad en Europa”.
El objetivo principal de la Fundación ONCE consiste en la realización de programas de integración laboral -formación y empleo para personas discapacitadas-, y accesibilidad universal para la superación de todo tipo de barreras. Desde su creación, en 1988, la Fundación ONCE ha apoyado unos 20.000 proyectos, presentados por personas físicas y jurídicas, por un importe total superior a los 1.100 millones de euros.