España quiere regular la renta turística de viviendas

El sector hotelero español apoya la revisión de la normativa sobre alquiler de viviendas turísticas a través de plataformas en Internet, porque es una actividad económica que necesita de una regulación de la que actualmente carece.

En entrevista con Notimex el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, explicó que no se trata de eliminar este tipo de alquileres, sino de crear normas específicas para su actividad.

El gobierno español prepara para septiembre una mesa de trabajo que analice criterios de regulación, con el objetivo de que las comunidades autónomas (que tienen la competencia sobre alquiler) tengan normas más adecuadas ante la proliferación de viviendas en alquiler.

De acuerdo con datos oficiales, en Madrid funcionarían actualmente unas 10 mil viviendas turísticas, más de la mitad en la zona centro de la ciudad, mientras que Barcelona tiene casi nueve mil en mayor parte en el Eixample.

En 2017 inició en Barcelona la presión sobre este tipo de viviendas, ante las quejas de vecinos que denunciaban desórdenes en sus edificios por parte de los turistas, además de quejas de consumidores por incumplimientos.

La mayor parte de estas viviendas se alquilan en plataformas de Internet como Airbnb, Rentalia, Homaway, Booking, Apartur, y las recientes normativas propuestas por ayuntamientos se centran en crear registros y tener más de licencias a estos operadores.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impugnó esas medidas de los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián, pero además niega que la vivienda turística haya encarecido el alquiler en general para la ciudadanía.

Estalella indicó que en muchas ciudades el precio del alquiler ha subido hasta un 25 por ciento, influenciado por el interés de fondos de inversión que compran edificios y obligan a inquilinos a irse a vivir a otro lugar para habilitarlos como viviendas turísticas.

Refirió que esta actividad pasó de ser hace unos siete años “parte de la economía colaborativa” a convertirse un negocio rentable para multinacionales y en una modalidad más de alojamiento, “en un negocio que también debe ser regulado como todas las actividades económicas”.

Sostuvo que los efectos de esta variante de alojamiento han sido el aumento de la economía sumergida, el fraude laboral y fiscal, la falta de esquemas de garantía de cumplimiento al consumidor, el rechazo de vecinos a convivir con turistas que no se ajustan a las reglas comunes.

Asimismo, comentó que se ha generado la salida de vecinos de muchos edificios comprados por fondos de inversión que les suben el alquiler, y se estima que un 30 por ciento de las viviendas que se anuncian en Internet no están debidamente identificadas.

Como propuestas, Estalella destacó la necesidad de crearse una página de Internet para registro de esta actividad, esquemas de licencias y promoción solo de las viviendas allí inscritas, así de su tratamiento fiscal y laboral.

Además, abundó que se necesitan revisar aspectos de seguridad, higiene, garantías para responder al consumidor, sistemas de pago y la limitación por zonas y por uso de suelo.

Subrayó que si bien hay oposición de algunas plataformas a algunas propuestas, el gobierno central, las comunidades autónomas y las alcaldías están interesadas en avanzar en crear una regulación “y hay voluntad de consenso político”.