Coalición ProInternet protesta por luz verde al canon AEDE

La aprobación en la Comisión de Cultura del Congreso, sin pasar por el Pleno de los Diputados para su debate público, del proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ha provocado una enorme polémica.

El PP fue el único grupo parlamentario que apoyó la reforma de la ley; mientras PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural, Amaiur y ERC votaron en contra. Con solo dos votos de diferencia (22 frente a 20) y en una sesión extraordinaria la reforma de la LPI está lista para ser enviada al Senado, que previsiblemente dará luz verde para su aprobación final en el Congreso, lo que se llevará a cabo en los próximos meses.

La aprobación de este Proyecto de Ley generó un gran debate en el mundo digital, de la cultura y la ciencia, especialmente por uno de los artículos, el 32.2, que integra unas medidas conocidas popularmente como el ‘canon AEDE‘, una tasa apoyada por la Asociación de Editores de Diarios Españoles que se impondrá a agregadores de contenidos en Internet, blogs, medios de comunicación digitales y, en definitiva, a cualquiera que tenga un portal en Internet y cite y enlace a otro sitio web dentro del suyo.

Si la reforma de la LPI continuara, entonces cambiarán muchas cosas en el ámbito digital en España. Este país se convertiría en el primero en el mundo en el que se cobraría por citar y colocar enlaces a otros sitios.

El posible impacto negativo de la futura ley podría ser de 1133 millones de euros al año que perderán los internautas españoles, de acuerdo con un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales. En este informe también se hace referencia a otros efectos colaterales, como una menor eficiencia en la búsqueda de información, la libertad empresarial, la competencia y la seguridad jurídica.

Muchas voces se han manifestado en contra de esta normativa y, especialmente, del llamado “canon AEDE” que incorpora. La Coalición ProInternet expresó su más rotunda protesta ante la normativa y a la convocatoria “in extremis” de una comisión y no un pleno, lo cual supuso un hurto al debate público del proceso de una ley esencial para las libertades y el desarrollo de la economía en Internet.

La Coalición ProInternet y otras entidades como la CNMC, CEOE, ya expresaron en varios informes el enorme impacto de esta modificación de la LPI, que requeriría de mayor diálogo con los sectores implicados y una cuantificación de su impacto en las libertades y el mercado de Internet en España y en Europa.