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Gobierno uruguayo busca asegurar conectividad regional tras desaparición de Pluna

31 de Julio de 2012 7:28pm
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Mantener la conectividad aérea regional tras la salida del mercado de la línea aérea Pluna, es uno de los objetivos del gobierno uruguayo, por lo que una delegación oficial viajará en los próximos días a países vecinos donde negociará con compañías locales el incremento de sus frecuencias hacia esa nación.

Según indicó el ministro interino de Turismo de la nación sudamericana, Antonio Carámbula, uno de los elementos concretos con que ya se puede contar es el aumento de dos a tres frecuencias diarias con Santiago que tendrá la chilena LAN.

Esta aerolínea, que al fusionarse con la brasileña TAM se convierte en la primera compañía de América Latina, estudia agregar una cuarta frecuencia diaria entre Montevideo y Santiago, aseguró Carámbula en una reunión del Consejo de Ministros de Uruguay donde se analizó el tema.

Luego del encuentro, el  funcionario reiteró al diario El País que aún permanece activo el call center para brindar información sobre Pluna y denunciar incumplimientos, y agregó que tanto por ese medio como a través de la web creada para tal fin, se recibieron unas 3.000 denuncias de pasajeros damnificados.

Por su parte, el prosecretario de Presidencia de Uruguay, Diego Cánepa, anunció que la subasta de los siete aviones Bombardier de Pluna, que se convocará para principios de septiembre, seguirá adelante pese a los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Cánepa apuntó que el gobierno uruguayo cuenta con informes que le aseguran la legalidad del procedimiento, en los cuales se establece además que el recurso presentado contra la subasta por el exgerente de la aerolínea, Raúl Rodríguez, no hará que esta iniciativa se detenga.

Informó que la semana próxima el Ejecutivo aprobará un decreto para instrumentar la puja de los aviones, la cual debe propiciar una base de 135 millones de dólares para hacer frente a las deudas de Pluna con el Scotiabank, entidad que financió la compra de los aparatos con garantía del Estado del país sudamericano.

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