Nicaragua. El gobierno de este país y Barceló firmaron un entendimiento que pone fin a la disputa legal iniciada en 2008, cuando las autoridades locales aplicaron un secuestro preventivo sobre el hotel Barceló Montelimar Resort y Casino, alegando que el grupo español incumplía el contrato y debía unos 30 millones de dólares.
En 1993, Barceló compró por 3 millones de dólares el edificio y su finca colindante, sacados a venta pública por el Estado nicaragüense. El contrato contemplaba pagos adicionales si el hotel superaba el 60% de capacidad, algo que no ocurrió según auditorías de la firma internacional Price Waterhouse.
A los tres millones de la compra se sumaron otros cinco más tarde para mejorar de la instalación.
En 2007, el gobierno nicaragüense puso en duda la veracidad de estas auditorías -por las que reclamaba una cantidad superior al millón de euros- y además alegó que el hotel y su finca, que cuenta hasta con una pista de aterrizaje propia, se vendieron en su momento a un precio por debajo del que valían. Este hotel facturó en el 2007 algo más de ocho millones de dólares, según la compañía.
El juez Quinto de Distrito Penal de Managua aplicó el 28 de abril de 2008 un "secuestro preventivo" sobre el Barceló Montelimar Resort y Casino a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), que depende del presidente de Nicaragua.
Según la PGR, el grupo hotelero español debía "varios millones de dólares" al Estado de Nicaragua desde 1993 por la compra del centro turístico propiedad de Barceló en Montelimar, 55 kilómetros al oeste de Managua, deuda que ejecutivos de la empresa española siempre negaron tras declararse acosados por la administración de Managua.
El entendimiento
Con la firma del entendimiento marco por el procurador general de la república (PGR), Hernán Estrada, y el director del grupo Barceló para Centro y Sudamérica, Juan José Ribas, el Gobierno de Nicaragua desistió de forma irreversible de continuar con su demanda, interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington.
Como parte del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a dirigir un escrito de desistimiento al Juez Tercero Civil de Distrito de Managua de una demanda contra bienes del grupo Barceló promovida el 30 de abril de 2008, y para poner fin al "secuestro preventivo", informó Efe.
El arreglo firmado también reconoce que el grupo Barceló adquirió legalmente el complejo turístico de Montelimar y que "no existen obligaciones ni compromisos pendientes de parte de Barceló para con el Estado (de Nicaragua) por motivo de esa adquisición".
Tras superar los malos entendidos, ambas partes declararon su intención de constituir una sociedad anónima de capital mixto y mayoría estatal para construir un Aeropuerto Internacional Turístico en el sector de Montelimar.
El arreglo establece que si en un plazo de cinco años, a partir de la firma el documento, ambas partes por los motivos que fueren no implementan el proyecto de co-inversión para el desarrollo el Aeropuerto Internacional Turístico, este acuerdo quedará sin validez.
La cadena Barceló tiene dos establecimientos en Nicaragua, el Barceló Montelimar Tesor y Casino y el hotel de cinco estrellas Barceló, en Managua.